JAIME PRATS – Valencia – 24/06/2010

 El escenario apocalíptico que dibujan las asociaciones de hosteleros con el advenimiento de la reforma de la ley antitabaco que supondrá la prohibición total de fumar en espacios públicos “no tiene base empírica”. Así lo indica un estudio presentado ayer en Valencia por la Asociación de Economía de la Salud en el congreso que celebra en Valencia.

El informe no solo apunta que esta modificación normativa “no causará un descenso de frecuentación en bares y restaurantes”. Va más lejos al apuntar que puede tener el efecto contrario al que vaticinan los propietarios de restaurantes y bares: “No parece descartable que la frecuentación aumente” y se traduzca en “un incremento de los resultados globales del sector”.

Este análisis, elaborado a partir de varios estudios económicos, estadísticos y sociológicos, recuerda que en el caso de los establecimientos de comida rápida, donde el 80% prohíbe fumar, se ha mantenido un crecimiento medio en la facturación del 3% anual a pesar de la ley antitabaco de 2005. Además, el estudio de 16 trabajos en experiencias similares en Noruega, Italia, Inglaterra, Escocia y Gales “no aporta evidencia robusta a favor de un potencial efecto negativo para el sector hostelero”. La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia anunció recientemente que la nueva norma provocará el cierre de 400 negocios, la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y una caída de ventas de 350 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Esta misma entidad ya anunció graves perjuicios económicos para el sector con la entrada en vigor en 2006 de la ley que estableció la prohibición parcial de fumar. Sin embargo, no ha habido “ningún cambio sobre las tendencias pasadas del sector hostelero”, de acuerdo con el informe de la AES. Es más, los especialistas de economía de la salud apuntan que “en el subsector de establecimientos de comidas y bebidas, el empleo y la facturación han crecido en cerca de 47.000 empleos y más de 2.200 millones de euros en 2006 respecto a 2005″. Antes de que la AES se pronunciara, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ya había advertido de que la prohibición total de fumar supondrá “un claro beneficio” para la hostelería, dado que “el 32% de los españoles dice que iría más a bares y restaurantes frente al 16% que dice que iría menos”, según una encuesta elaborada en centros de salud por la Semfyc. Por otra parte, la Asociación de Economía de la Salud presentó ayer otro estudio en el que muestra que los inmigrantes utilizan los recursos sanitarios un 40% menos que los españoles. Sin información del modelo Alzira Once años después de que el hospital de Alzira echara a andar, el modelo de gestión privada se ha extendido rápidamente en el territorio valenciano de forma que la salud de un millón de personas ya depende de una empresa privada. Y, sin embargo, no existe un solo análisis independiente que haya podido evaluar la eficiencia de esta fórmula. El presidente del comité científico de las XXX jornadas de la Asociación de Economía de la Salud, Vicente Ortún, destacó ayer esta circunstancia en la inauguración del encuentro, así como la imposibilidad de acceder a esta información, que permitiría estudiar el modelo a fondo y conocer los defectos y las virtudes de las concesiones administrativas aplicadas a la sanidad. “Hay poca transparencia en los datos que se facilitan”, indicó el también director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra. “En general, se ofrece la información que interesa, como la satisfacción de la población”. Ortún lamentó el hecho de que sea más fácil “tener datos de una empresa mercantil que de un hospital público”. Y añadió que esta falta de transparencia es un problema generalizado no solo de la sanidad, sino, en general, de toda la gestión pública en España. “Todo aquello financiado con fondos públicos debería estar disponible al público”, reclamó el responsable del comité científico del encuentro. “Falta una cultura de evaluación”, indicó Ortún. Este profesor de economía apenas salvó las parcelas relacionadas con la evaluación del impacto en el género o los impactos ambientales. Al margen de estas cuestiones, “ni siquiera se evalúa si sale a cuenta hacer una línea de alta velocidad”.

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes la toma en consideración de la proposición no de ley de reforma de la vigente ley antitabaco, presentada hace unas semanas por los grupos parlamentarios socialista y de ER-IU-ICV, con el objetivo de poder iniciar su tramitación parlamentaria, según ha avanzado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la clausura de la IV Convención NAOS, celebrada en Madrid.

 Asimismo, la titular del ramo ha avanzado que “no cree que ningún partido político vote en contra” de iniciar este trámite en la Cámara Baja y comenzar a debatir una reforma que, a su juicio, “supondrá una ganancia en salud y calidad de vida“.
   De este modo, se cumplen los plazos previstos por Jiménez y su departamento, que  confían en que el debate parlamentario concluya tras las vacaciones, en la tercera semana de septiembre, para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2011. Como ha reconocido Jiménez, “siempre que se ha propuesto algo a lo largo de su carrera política lo ha conseguido”.
   Esta proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta de un artículo único en el que básicamente se hace una relación de los lugares en los que se prohíbe fumar, “además de aquellos espacios definidos en la normativa de las comunidades autónomas” y “todos los espacios cerrados de uso público o colectivo”.
   Así, la prohibición se extiende, siempre que no sean al aire libre, a centros de trabajo públicos y privados, dependencias de las administraciones públicas, establecimientos sanitarios, centros docentes y formativos de cualquier nivel, instalaciones deportivas y lugares de espectáculos públicos, zonas destinadas a atención al público o centros de atención social.
   Asimismo, no se podrá consumir tabaco en centros de ocio y esparcimiento; centros culturales, salas de lectura, exposición, biblioteca, conferencias y museos; salas de fiesta, establecimientos de juego, bares, restaurantes y establecimientos de restauración; salas de teatro, cine y espectáculos públicos; lugares dónde se elaboren, transformen, degusten o vendan alimentos; cabinas telefónicas; ascensores y elevadores; cajeros automáticos y otros espacios cerrados de uso público de reducido tamaño, de menos a cinco metros cuadrados de superficie.
   En el ámbito del transporte, se prohíbe fumar en estaciones de autobuses, vehículos o medios de transporte colectivo urbano o interurbano; vehículos de transporte de empresas, taxis, ambulancias, funiculares, y teleféricos; todos los espacios del transporte suburbano; estaciones, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo; aeropuertos, aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en los vuelos de compañías aéreas españolas incluidos los compartidos con vuelos de compañías extranjeras, y estaciones de servicio.
   En hoteles y hostales, y establecimientos similares se podrán habilitar hasta un 30% de  habitaciones para fumadores, “siempre que estén separadas de las áreas del resto de habitaciones y con ventilación independiente”.
PARQUES INFANTILES Y RECINTOS SANITARIOS, A DEBATE
   Junto a estos lugares, durante la tramitación parlamentaria habrá algunos grupos que propongan extender esta prohibición a otros ámbitos, como los parques infantiles y entornos sanitarios y educativos, aunque no sean espacios cerrados, como avanzó hace unas semanas el diputado de Izquierda Unida (IU) y presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares.
   Igualmente, también abogó por “mejorar” la norma “haciéndola más clara” en lo que respecta al consumo de tabaco en hoteles, centros psiquiátricos y en los llamados ‘clubs de fumadores’, que con la ley actual quedan exentos de esta prohibición.
   Todo ello para “proteger a los fumadores pasivos, impulsar las medidas educativas y preventivas para evitar la entrada de niños y jóvenes en el consumo de tabaco, así como favorecer la deshabituación de los fumadores y, con ello, disminuir las enfermedades y muertes producidas como consecuencia del tabaco”, asintió el diputado de IU.

 Desde APTA le proponemos realice en la Comunidad de Madrid un informe con los establecimientos que han realizado obras, el coste de las mismas y en el que se incluyan los gastos por sistemas de ventilación independiente, así como una realición de los establecimientos que no han cumplido la ley y lo aporte al Ministerio de Sanidad para que el balance económico y legal sea más fidedigno. Asimismo, explique a los ciudadanos porque su Comunidad acumula tantas denuncias por incumplimiento ¿quien falsea la verdad?

   Tras dos años y medio de haber sido aprobada, la Comisión de Sanidad y Política Social de la Cámara Baja ha solicitado esta evaluación después de que, como denuncia el PP, “la Ley no haya funcionado al completo”, según destacó el diputado socialista Alberto Fidalgo, “por falta de voluntades políticas” en algunas comunidades.
   Aunque la propuesta inicial presentada por el diputado de IU y presidente de la Comisión, Gaspar Llamazares, pedía directamente modificar la ley y ampliar la prohibición de fumar a todos los espacios públicos, finalmente se llegó a un acuerdo por el que pedir primero un estudio que determine el nivel de cumplimiento y las mejoras que se pueden hacer al texto. Dicho informe deberá presentarse en la Comisión de Sanidad al finalizar el año 2009.
   Como recordó Llamazares, “el consumo de tabaco sigue aumentando, la edad de inicio es cada vez más temprana y tanto clientes como trabajadores del sector de la hostelería siguen perjudicados por los efectos del tabaco”.
   Por ello, el Congreso pide al Gobierno que, a la espera de una posible reforma, acuerde con las comunidades autónomas un “estricto” cumplimiento de la actual Ley Antitabaco y se avance en la ampliación de los espacios libres de humo “previo acuerdo con los sectores afectados”.
   Del mismo modo, piden elaborar una guía clínica y de intervención social y comunitaria para la prevención del tabaquismo y la deshabituación tabáquica, que según IU y PP “debería ser financiada” por el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya que, como destacó la diputada ‘popular’ María del Pilar Fernández Pardo, “cuesta menos que el tratamiento de todas las patologías asociadas al tabaco”.
   Sin embargo, el PSOE consideró apropiado, y así acordaron finalmente todos los grupos, pedir primero al Gobierno que elabore un informe previo que evalúe la eficacia y efectividad del tratamiento farmacológico de deshabituación tabáquica atendiendo a evidencias científicas